El Gobierno hará «ciberpatrullaje»

Con la detención de un joven en la provincia de Buenos Aires que tuiteó en chiste sobre salir a saquear, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quedó en el centro de la polémica al informar en una teleconferencia con Diputados que las fuerzas federales realizaban tareas de ciberpatrullaje en redes sociales para “detectar el humor social”.

Días después dio marcha atrás y reconoció que la expresión “humor social” fue poco feliz y dio lugar a confusiones. “A partir del alboroto que generó mi intervención, estamos revisando el protocolo con el que trabajamos este tipo de patrullajes para someterlo a discusión de la Comisión de Seguridad de Diputados e incluso de especialistas”, adelantó.

“Lo que hacemos es mirar Twitter, buscar en Facebook y cruzar palabras claves con hashtags y zonas. Es lo que se hace generalmente para buscar tendencias, solo que nosotros lo utilizamos para evitar delitos”, justificó.

Y agregó: “Creo que es la oportunidad para transparentar el uso de esta herramienta».

La resolución 144/2020 del Ministerio, publicada el 31 de mayo en el Boletín Oficial, derogó la norma creada por la vieja Secretaría de Seguridad para crear las nuevas reglas del ciberpatrullaje.

La nueva norma apunta que “puede concluirse que resulta necesaria la aprobación de un «protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas», que establezca principios, criterios y directrices generales para las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad «dependientes del Ministerio de Seguridad”. 

Su espíritu, dice el texto es, “prevenir el delito”, algo que “no es monopolio exclusivo de la inteligencia criminal”. El doble filo, sin embargo, es evidente: el Estado, en un afán de prevenir el delito, podría recolectar información particular sobre ciudadanos con una cobertura legal para usarlo para fines espurios.

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La falta de un juez a priori, por otra parte, también está explicada: “Que las tareas que realizan los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en cumplimiento de su función preventora del delito no requieren autorización judicial, porque ello es parte de su tarea específica como cuerpos policiales”, asegura.

La protesta social, una cuestión particularmente sensible, tiene su mención especial. El Ministerio, dice, no se mete con la protesta: “Que la protesta a través de redes sociales no formará parte de ningún indicador delictivo establecido para las tareas de prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas -principio de no criminalización de las protestas en línea-”. 

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