Una firma vinculada a Cristóbal López está a punto de quedarse con OCA

A través de su controlado Grupo Clear ya pagó 448 millones de pesos por el correo cercano a Moyano, quebrado en 2019.

El Grupo Clear realizó un depósito de 448 millones de pesos como adelanto para comprar los activos de OCA SA, la firma cuya quiebra se decretó en abril de 2019. La oferta fue aceptada por la justicia en lo civil y comercial el 29 de octubre. Como presidente de las dos firmas que constituyen el Grupo, la notificación fue realizada por Juan Ignacio González Pedroso, quien asumió dicho cargo cuando renunció Cristóbal López, el 21 de noviembre de 2017. Clear Petroleum y Clear Urbana se constituyeron en Chubut, y sus directorios fueron integrados por los hijos del empresario K, mientras él ejercía la presidencia de las compañías. Los dos principales referentes que el Grupo Clear tiene hoy también conformaron diversas sociedades con López.

En abril de 2019 el juez en lo civil y comercial de Lomas de Zamora Pablo Tejada decretó la quiebra de OCA, por una deuda de 7.000 millones de pesos, de los cuales la mayor parte son compromisos impagos con la AFIP. Con esta medida judicial, Patricio Farcuh dejó de ser el dueño del mayor correo privado del país.

En su oportunidad, la quiebra se determinó con continuidad de la actividad comercial del correo, lo que permitía mantener las fuentes de trabajo y pagar los salarios durante cuatro o cinco meses, «mientras dure el proceso que desemboque en la subasta de la empresa». Finalmente se avanzó en la venta de los activos de la compañía, para con esos fondos hacer frente al pago de los acreedores.

La Justicia agotó todas las instancias para evitar la quiebra del correo ligado a Hugo Moyano, ya que pidió la opinión a los acreedores sobre las tres propuestas recibidas en el «salvataje», pero ninguna mostró solidez para repagar la deuda.

Se recibieron las propuestas de OCA Logística y Seprit, ambas ligadas a Farcuh; y la cooperativa Los Cedros, liderada por Daniel Palladino, titular del gremio de los empleados jerárquicos de OCA (AECPRA). Pero ninguna conformó al juez de la quiebra. Pero de golpe, en octubre de este año, la Justicia aceptó la oferta del Grupo Clear y en concepto de anticipo depositaron 440.880.000 pesos.

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El holding está constituido por Clear Petroleum y Clear Urbana, en cuyos directorios y conformación estuvieron Cristóbal López y sus hijos Cristóbal Nazareno y Emiliano.

Clear SRL comenzó a operar en 2007, y al tiempo continuó operando como sociedad anónima. En aquel año Cristóbal López -que no contaba con procesos judiciales ni los embargos millonarios que hoy afronta- adquirió de Juan Suazo Padilla 15 cuotas de capital de la firma. Suazo Padilla ya era socio de Alberto Destefanis, otro hombre clave en la historia.

Dedicada inicialmente a la recolección de residuos urbanos, la compañía adquirió importantes contratos con el municipio de Comodoro Rivadavia y con algunas localidad del norte de la provincia de Santa Cruz. Pero su objeto comercial fue ampliándose hasta transformarse en el Grupo Clear, con estas firmas involucradas en la compra de OCA como sus integrantes.

Hacia 2011, López cedió a Juan Ignacio González Pedroso las 15 cuotas que tenían un valor nominal de un peso. Pero no pro ello se desligó plenamente de los socios de la firma y de su órgano directivo.

Por ejemplo, Clear SA terminó convirtiéndose en Clear Petroleum SA, que hacia 2016 era presidida por Cristóbal Nazareno López, el mayor de los hijos del empresario K. Lo acompañaban González Pedroso como también Destefanis. En el directorio se nombró al menor de los hijos de López, Emiliano.

Con las causas por corrupción avanzando en Comodoro Py contra el dueño del Grupo Indalo, sus dos hijos renunciaron al directorio de Clear Petroleum y de todas las empresas en las que habían sido nombrados: más de treinta según los registros oficiales. Desde entonces, González Pedroso asumió la presidencia y lo secundó en el cargo Destefanis: dos históricos socios de Cristóbal López.

Fue justamente a finales de 2017 cuando López quedó detenido por primera vez junto a Fabián De Sousa, acusados de defraudación al Estado por no pagar con la petrolera Oil Combustibles el impuesto a los combustibles: la AFIP macrista le reclamaba con intereses y y punitorios más de 10.000 millones de pesos. El caso está en pleno juicio oral.

La otra firma interesada en OCA es Clear Urbana SA. En 2013 se escindió a Clear SRL y fue integrada por los dos hijos de Cristóbal López y los nombres reiterados: Juan Ignacio González Pedroso y Alberto Destefanis, entre otros. Tanto Cristóbal Nazareno como Emiliano en 2016 estaban al frente de la compañía, hasta que renunciaron en noviembre de 2017.

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Así, desde entonces el Grupo Clear quedó en manos de dos socios históricos de López. El actual presidente de la firma compartió cuatro directorios de diversas firmas con el empresario K: Petrolera Cerro Negro (2014), Clear SRL (2013), Clear Urbana con sus hijos e Inverclear en las mismas condiciones.

Por otro lado, Destefanis en 2012 integró el directorio de Palas Atenea SA, una firma que también integró la ex esposa de López. Además compartieron la conformación de Gispa SA, Promet SA, Solares de Tala, un emprendimiento hotelero. Todo, además de integrar los directorios de Clear SRL hasta convertirse en el Grupo Clear.

Estos socios que integran el Grupo Clear son los que depositaron 440.880.000 pesos en una cuenta del Banco Provincia de Buenos Aires, en el marco de la quiebra de OCA y bajo la mirada de la justicia comercial. El escrito al que accedió Clarín detalla que equivalen a unos U$S 5.280.000 a un tipo de dólar oficial -desactualizado-, de $ 83,50. El depósito realizado es en concepto de adelanto de precio y garantía de oferta, en el marco de la quiebra de la firma postal.

OCA es el mayor correo privado del país y tiene 6.800 empleados directos, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros. Es la empresa con mayor cantidad de afiliados al gremio de Hugo Moyano, organización que pagó parte del sueldo de sus empleados durante varios meses de 2016, período en el que Moyano tomó el control de la compañía por la fuerza.

En el último año aumentó exponencialmente su deuda con la AFIP. A fines de 2017 debía 3.400 millones de pesos. A mediados de 2018 la deuda creció a 5.000 millones. La Justicia le levantó los embargos para que pueda pagar esas deudas, pero a fin de año ya debía 5.850 millones. En ese marco, el juez cerró el concurso de acreedores y abrió un proceso de «cram down o salvataje», que ahora fracasó, derivando en la quiebra de la empresa.