El Gobierno planea más aumentos para el 2021

Tras el duro cruce en la ciudad de La Plata entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, donde la ex mandatario dijo “necesitamos ministros que defienden al pueblo, los que no se animen que busquen otro laburo», comenzó a crecer una grieta que cada día se abre más y más.

Es por ello que desde el Gobierno, interpretaron parte de la realidad de ese discurso y, con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, comenzaron a delinear caminos para que los aumentos de las tarifas sean pagables y el virtual congelamiento no implique el quiebre de las empresas, como denunció por ejemplo Telecom y las Pymes de telecomunicaciones, a quienes el Gobierno otorgó un aumento de tarifas del 5 por ciento, frente a una inflación acumulada que supera siete veces ese porcentaje.

«No se trata de una cuestión de blanco o negro, no son congelamientos de por vida y para todos, pero tampoco esquemas tarifarios en dólares que nadie puede pagar y que afectan tanto la viabilidad de las empresas como el ingreso disponible de las familias. Con las empresas de telecomunicaciones está planteado un diálogo, nadie quiere que las empresas quiebren, es ridículo eso», dijo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

«Por el lado de las tarifas, seguramente se amplíe el alcance de las tarifas sociales y se busque en cada servicio que paguen más los que más puedan pagar; pero garantizando siempre una prestación básica», dijo un asesor del Gobierno. «Terminar otra vez concentrando los subsidios en la Capital Federal y los barrios más pudientes del Gran Buenos Aires sería un desatino», agregó.

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El esquema de aumentos dispuesto para las telecomunicaciones, por ejemplo, con 5 por ciento para las empresas más grandes y hasta 8 por ciento para las más chicas da cuenta de una distribución del ingreso por el que las más grandes (que concentran su clientela en el AMBA) serán las que menos aumenten los precios. Territorialmente esto refuerza lo que sucede con otros precios regulados como el transporte o la luz, que son más caras en el interior del país y ponen pisos de competitividad «desnivelados» geográficamente.