Cuatro tucumanas firman la nueva solicitada “K” que pide por Boudou y critica a la Justicia

“Libertad a Amado Boudou” es el título de la nueva solicitada publicada en la edición dominical de los principales diarios porteños por parte de los sectores kirchneristas que buscan la absolución del ex vicepresidente de la Nación. En la solicitada, que reúne más de 5.000 firmas, se cuentan los nombres de ex presidentes latinoamericanos, parlamentarios nacionales, actuales funcionarios del Gobierno federal, intendentes de numerosas ciudades, periodistas y actores.

Lo relevante para los tucumanos es que hay cuatro parlamentarias, en ejercicio y con mandato cumplido, que adhieren a la proclamara por la liberación del también ex titular de la Anses: la senadora nacional Beatriz Mirkin, la legisladora Sara Alperovich, la ex legisladora y ex ministra de Educación Silvia Rojkés de Temkin; y la ex presidenta provisional del Senado, y ex Presidenta interina de la Nación, Beatriz Rojkés de Alperovich.

Avales internacionales

“La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio Presidente. Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmosfera política”, se lee en la solicitada.

Al igual que en la anterior publicación, de finales del año pasado, en esta oportunidad se reitera la crítica al Poder Judicial. El texto anterior, como se recordará, se titulaba “Con Lawfare no hay democracia” y hacía referencia a los “presos y presas políticas”, al accionar de la gestión macrista y a los medios de comunicación. Con la definición de “Lawfare” se hace referencia al concepto de que, en países donde hay gobiernos de izquierda o centroizquierda que no pueden ser derrotados en las urbas, los sectores conservadores y de derecha se complotan con la Justicia y los medios de comunicación para perseguir penalmente y encarcelar a los líderes a los que tildan de “populistas”.

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En la solicitada de ayer, que lleva todavía más firmas que la anterior, aparecen figuras de proyección internacional como los ex mandatarios brasileños Luis Inácio “Lula” Da Silva y Dilma Rousseff; el ex presidente de Bolivia, Evo Morales; y el ex jefe de Estado de Ecuadro, Rafael Correa. También firma el texto el ex vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien por haber suscrito el escrito anteriorha provocado un pedido de acciones disciplinarias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se desempeña como juez.

El aumento de figuras reconocidas en la demanda pública de libertad para Boudou perfila la cuestión como una de las banderas fundamentales en la agenda de militancia del kirchnerismo, que busca limpiar la imagen de sus presidencias (2003-2015).

Recuperar la legalidad

La solicitada hace hincapié en que la situación de condena de Boudou significa un momento de gran riesgo institucional. “Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas por afectar las bases democráticas de la constitución social al poner en marcha una interpretación de las leyes con un sentido faccioso y antirrepublicano. No es un problema excluyente de un sector de la población directamente involucrado en la práctica política; por el contrario, involucra a todos y todas quienes habitamos el país. Solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica por el gobierno de Macri, es como puede recuperarse en plenitud la vigencia del estado de derecho”, se lee.

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Como se recordará, a finales de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia a cinco años y 10 meses, por el fallo que lo halló culpable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta Ciccone, en tiempos en que era ministro de Economía (2009-2011), con Cristina Fernández como presidenta. Con la anulación del arresto domiciliario (la dispuso el juez Daniel Obligado) Boudou debería volver a la cárcel a seguir cumpliendo sentencia una vez agotada su apelación.

“La lucha contra esta injusta situación es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legitimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes facticos ligados al privilegio y la injusticia. Para que en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos. Para eso reclamamos la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas”, remata la solicitada.