El crimen de Paulina Lebbos, cerca de quedar impune por prescripción

La semana próxima se cumplen 15 años del asesinato de la estudiante.

Alberto Lebbos siempre dijo que detrás del crimen de su hija Paulina existía un siniestro plan para lograr la impunidad. El 26 de febrero se cumplirán 15 años del hecho y aún no se acusó a nadie del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Y si se produjera, sería una evidencia más de que esta causa se movilizó por la lucha de un hombre y la presión de una sociedad que terminó repugnada por el cúmulo de irregularidades que se cometieron a lo largo de casi una década y media. Paulina Alejandra Lebbos tenía 22 años, era mamá de una pequeña y mantenía una relación con César Soto, el padre de su hija.

El sábado 25 de febrero de 2006 rindió y aprobó una materia de Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras. La parca estudiante salteña, que de testigo pasó a ser sospechosa de encubrimiento y falso testimonio, la recibió en su casa de La Rioja al 400. Nunca se pudo establecer a qué hora ingresaron, pero sí que Paulina y Mercado salieron entre las 5.30 y las 6. Ella declaró que la víctima, por lo que había anticipado, se encontraría con Soto en su casa.

Con el correr de las horas, las hermanas de Paulina comenzaron a preocuparse por su ausencia y le avisaron a su padre, que era funcionario del gobierno de José Jorge Alperovich. Cerca de las 22, por recomendación del ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella, Lebbos se presentó en la sede de la ex Brigada de Investigaciones y realizó la denuncia. En los primeros días, el padre de la estudiante, como siempre, se mostró muy activo. Le siguió los pasos el por entonces secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Bernardo Lobo Bugeau, que luego jugaría un papel clave en el caso.

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Policías dirigidos por el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, Di Lella, el subjefe Nicolás Barrera y el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Miguel Brito, daban instrucciones a los gritos y por sus celulares. El silencio se apoderó del lugar cuando arribó Lebbos y cuando llegó el fiscal Alejandro Noguera. El domingo 12 a la noche se confirmó que se trataba de Paulina.

Tres fiscales

Oficialmente se informó que se trató de un encuentro para conseguir fondos y recursos extras que se necesitaban en la investigación. Los empleados más antiguos recuerdan que generaba tanto temor esta causa que hasta una fiscala tuvo que retirarse a su domicilio al haber sufrido una baja de presión al entender que la pondrían al frente de la investigación. El fiscal terminó congelando el expediente y tomó las medidas más insólitas, que no hicieron otra cosa que empezar a teñir de impunidad el crimen. Hace seis años la fiscala Juana Prieto de Sólimo pidió que sea enjuiciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y de promover la represión, la manera legal de decir que no hizo nada durante los siete años que condujo la investigación.

Alberto Lebbos, padre de la víctima, sigue luchando para que los responsables del caso sean condenados. En ese mismo año ordenó la detención de Maximiliano Gallardo y Roberto Luis Gómez, que quedó como único imputado por el secuestro y el crimen de la estudiante. También fueron arrestados el ex subjefe de Policía, Barrera, y el ex jefe de la Regional Norte, Brito, acusados del encubrimiento del crimen, por haber dado órdenes de adulterar las condiciones del hallazgo del cadáver. Además comenzó a investigar por esos delitos a Di Lella, al ex jefe de Policía, Sánchez, y al ex policía, Waldino Rodríguez.

Un juicio sin sentencia

Los tiempos de la Justicia no son los mismos de la sociedad. El debate oral comenzó en febrero de 2018. El tribunal estuvo integrado por los jueces Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti. Gómez, el único acusado de la desaparición y el crimen de la estudiante fue absuelto.

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El fallo fue categórico porque de alguna manera dio un rumbo para que se corrigiera la investigación y no se garantizara la impunidad. Los magistrados entendieron que López Ávila, como último instructor del expediente, debía acusar a Soto como autor del hecho , por el mismo motivo, a Sergio Kaleñuk y a Esteban Gómez, el hermano del absuelto. También ampliaron el pedido para que se terminara de desmarañar la red de encubrimiento en la que aparecen nombres de ex y actuales funcionarios y del senador licenciado José Jorge Alperovich. El jefe de Policía Hugo Sánchez es esposado mientras el ex secretario de Seguridad Di Lella mira para otro lado.

Todas las partes acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para apelar el fallo por distintas razones. Pero también era fundamental que los jueces decidieran si dejarían firme o no la sentencia para definir si continuaría la investigación. En diciembre de ese año, mes en el que se cumplían los plazos procesales para que emitieran veredicto, el único camarista del tribunal logró que aceptaran un planteo de excusación porque había intervenido en los pedidos de libertad de los detenidos del caso. «No dudo de la honorabilidad de estos jueces, pero sí creo que no deberían haberse producido tantos cambios.

Si se acepta el planteo de que un juez es acusado por un abogado, estamos ante un problema», explicó Emilio Mrad, representante legal de Lebbos. La Justicia falló con una causa que no podía fallar porque, pese al esfuerzo de muchos, especialmente del incansable Alberto Lebbos, el 26 de febrero otra vez se consagrará la impunidad en Tucumán.