No hay dudas, la que manda es ella: Cristina Kirchner tiene el control sobre el Gabinete

Tras una semana de incertidumbre, la confirmación de que Martín Soria será el próximo ministro de Justicia de la Nación parecería haber echado por tierra algo que Alberto Fernández sostuvo desde el comienzo de su gestión: que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene “cero por ciento” de injerencia en la elección de los funcionarios que componen el Gabinete. Es que, en 15 meses de gobierno, ya son varios los desembarcos que aumentaron el poder de la exmandataria en la Casa Rosada.

Marcela Losardo presentó la renuncia después del intenso desgaste producto de las internas con el kirchnerismo más radicalizado a partir de los ataques a la Justicia y las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Estas posiciones chocaban con el estilo moderado de la abogada, amiga e histórica socia jurídica del mandatario.

Soria, de 45 años, es un abogado que encarna las ideas del kirchnerismo duro en sus embestidas contra la Justicia. Es abogado y fue dos veces intendente de General Roca, Río Negro. Adhiere a la teoría del Lawfare que impulsa la vicepresidenta y es un feroz crítico del macrismo, ya que en Twitter suele usar términos como “Comodoro PRO”.

Como miembro de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, apuntó su discurso contra el Poder Judicial y, particularmente, contra su accionar durante la gestión de Mauricio Macri. En el último año, denunció las visitas efectuadas por el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, al despacho del ex mandatario en la Casa Rosada.

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El primero en dejar el Gobierno del Frente de Todos fue, a fines de abril del año pasado, Alejandro Vanoli, entonces director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Aunque ya había ciertas tensiones, el detonante fue la larga fila de jubilados que se amontonaron en los bancos para cobrar sus haberes a principios de ese mes, en pleno aumento de casos de coronavirus y durante la fase más estricta de la cuarentena.

Inmediatamente lo reemplazó Fernanda Raverta, integrante de La Cámpora y quien venía de desempeñarse como ministra de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como gobernador.

Meses más tarde, a fines de agosto, ocurrió la segunda renuncia de peso en el Gobierno. Fue la de Sergio Lanziani, quien estuvo a cargo de la secretaría de Energía, que durante el macrismo había tenido rango de Ministerio.

Lanziani fue reemplazado por Darío Martínez, un diputado neuquino del kirchnerismo que, hasta entonces, había sido presidente de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados. A partir de ese momento, la secretaría dejó de estar bajo la órbita de Desarrollo Productivo y pasó a las órdenes de Martín Guzmán.

Días después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó a “los funcionarios que no funcionan”, María Eugenia Bielsa fue desplazada de su cargo como ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. En su lugar, asumió Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria, uno de los jefes comunales más cercanos a la exmandataria.

Poco tiempo después, casi como una continuación de su planteo de los “funcionarios que no funcionan”, Kirchner dejó un duro mensaje durante un acto que compartió en La Plata con Axel Kicillof, Sergio MassaMáximo Kirchner y Verónica Magario. “Los ministros que tengan miedo o no se animen, que vayan a buscar otro laburo”, lanzó.

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El 21 de enero, otro cambio sacudió al Gabinete: Guillermo Nielsen, el elegido de Fernández como presidente de YPF, dejó su puesto después de largos meses de tensiones con el kirchnerismo duro dentro de la petrolera estatal. Como en los cambios anteriores, lo sucedió una persona muy cercana al kirchnerismo: el diputado nacional santacruceño Pablo González.

Aunque desde el oficialismo sostienen que todos estos cambios fueron decisiones de la coalición de poder, muchos los interpretan como movimientos de piezas que le habilitaron a la vicepresidenta el acceso a sectores clave del Estado.